Acuerdo de Escazú pdf
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Compartir en redes sociales: Jueves 22 de abril de 2021Información para la Prensa N°: 136/21En el Día Internacional de la Madre Tierra, la República Argentina celebra la entrada en vigor del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, y felicita a los 11 Estados Miembros y a la CEPAL, como Secretaría Técnica, por haber contribuido a este hito regional.
En este contexto, el Canciller Felipe Solá participó en el evento de celebración de la entrada en vigor del Acuerdo organizado por la CEPAL y destacó que a partir de ahora nuestra región comienza a construir las bases necesarias para el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental.
El Canciller señaló también que, como activos promotores de la negociación del Acuerdo, Argentina se congratula de haber completado su ratificación y el depósito el 22 de enero junto con México, facilitando así la entrada en vigor del acuerdo.
¿Qué hace el acuerdo de Escazu?
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado medioambiental de América Latina y el Caribe. ¡Entró en vigor el 22 de abril de 2021. puede promover la conservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad!
¿Quién firmó el Acuerdo de Escazu?
Firmado por 24 países
Estos países son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay.
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Estas disposiciones son de gran importancia en una región que lleva años siendo insegura para los conservacionistas. Colombia, México, Brasil, Guatemala y Honduras se encuentran entre los países más peligrosos del mundo para los activistas medioambientales, según el último informe de Global Witness. Las mujeres y las comunidades indígenas suelen ser las más afectadas.
Todos los países deben tomar medidas para prevenir, investigar y castigar los ataques, amenazas o intimidaciones contra … Seguir leyendo. La terrible y larga lista de conservacionistas asesinados en América Latina y el Caribe ha obligado a la región a impulsar un tratado que obligue por primera vez a los países de la región a proteger a los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos.
En América Latina y el Caribe, el acuerdo supone un gran avance en el derecho internacional del medio ambiente, porque pone claramente de relieve la importancia de la participación pública a la hora de abordar las cuestiones medioambientales. Según el tratado, los ciudadanos deben tener acceso a la participación activa, a la información y a la justicia. También incluye medidas para establecer y reforzar las capacidades y la colaboración de los activistas medioambientales y de derechos humanos, contribuyendo en última instancia a garantizar el derecho de las personas a un medio ambiente sano.
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Este tratado histórico pretende garantizar la aplicación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en la toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
El artículo 5 define las obligaciones de los Estados Partes para garantizar el acceso del público a la información medioambiental. Según el mismo, cualquier ciudadano tiene derecho a solicitar información ambiental sin presentar mayor justificación, y a recibirla dentro de los 30 días siguientes.
El artículo 6 define las formas en que los Estados parte deben producir y difundir la información ambiental. La información que debe ser accesible al público incluye, entre otras cosas, textos de tratados y acuerdos internacionales, así como leyes ambientales; informes sobre el estado del medio ambiente; listas de zonas contaminadas; información sobre el uso y la conservación de los recursos naturales y los servicios de los ecosistemas; e información sobre los procesos de evaluación del impacto ambiental y sobre otros instrumentos de gestión ambiental.
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El Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos ha definido a los defensores de los derechos humanos ambientales como “personas y grupos que, a título personal o profesional y de forma pacífica, se esfuerzan por proteger y promover los derechos humanos relacionados con el medio ambiente, incluidos el agua, el aire, la tierra, la flora y la fauna”. Suelen ser residentes locales o indígenas que se enfrentan a un aumento de la población local, a la aparición de proyectos de construcción o a actividades asociadas a las industrias extractivas. Los defensores de los derechos humanos ambientales, que a menudo residen cerca de zonas de importancia ecológica, desempeñan un papel crucial en la protección de estas zonas y, por tanto, contribuyen de forma significativa a alcanzar los objetivos mundiales en materia de clima y desarrollo sostenible.
Sin embargo, los defensores de los derechos humanos ambientales suelen trabajar con gran riesgo personal y a menudo son criminalizados por sus actividades. Experimentan un grado particularmente alto de peligro en América Latina y el Caribe, que representa una de las regiones más biodiversas del mundo e incluye el 60 % de la vida terrestre global. Según un informe de Global Witness de 2019, “84 de los 167 defensores del medio ambiente asesinados [en 2018] procedían de América Latina.
