Chile nueva constitución 2022 pdf español
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La nueva constitución habría tenido un mayor enfoque en los derechos sociales, el medio ambiente y la igualdad de género que la carta vigente, que fue adoptada durante el gobierno del dictador militar Augusto Pinochet. Surgió de un acuerdo entre legisladores y manifestantes para poner fin a las violentas concentraciones contra la desigualdad en 2019, en las que murieron decenas de personas.
La carta propuesta fue la primera en el mundo en ser escrita por una convención dividida en partes iguales entre delegados hombres y mujeres, pero los críticos dijeron que era demasiado larga, carecía de claridad e iba demasiado lejos en algunas de sus medidas, que incluían caracterizar a Chile como un estado “plurinacional”, establecer territorios indígenas autónomos y priorizar el medio ambiente.
“La Constitución que se redactó ahora se inclina demasiado hacia un lado y no tiene la visión de todos los chilenos”, dijo Roberto Briones, de 41 años, a la agencia de noticias Associated Press tras votar en la capital, Santiago. “Todos queremos una nueva Constitución, pero tiene que tener una mejor estructura”.
¿Cuál es la actual Constitución de Chile?
La Constitución Política de la República de Chile de 1980 es la ley fundamental vigente en Chile.
¿Cuál es la situación política en Chile?
El gobierno de Chile es una república democrática representativa, en la que el Presidente de Chile es a la vez Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, y de un sistema formal multipartidista. El poder ejecutivo es ejercido por el presidente y por su gabinete.
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La Constitución propuesta, que había enfrentado “intensas críticas por ser demasiado larga, demasiado izquierdista y demasiado radical”,[4] fue rechazada por un margen de 62% a 38% en el plebiscito nacional chileno de 2022[5][6].
Según el senador Jaime Quintana (PPD), el término “Convención Constituyente” se acuñó durante la redacción del “Acuerdo por la paz social y la Nueva Constitución” el 14 de noviembre de 2019; esa tarde recibió una comunicación de Mario Desbordes, entonces presidente de Renovación Nacional (RN), en la que solicitaba que la instancia que redactara la nueva Constitución Política no se llamara “Asamblea Constituyente” para facilitar la aprobación del acuerdo por parte de políticos de derecha[7].
Según varios académicos, como Claudia Heiss y Francisco Soto, el concepto de “Convención Constituyente” sería equivalente al de “Asamblea Constituyente”, en la medida en que su funcionamiento y composición serían los mismos, y ambos corresponden a órganos colegiados que redactan una Constitución. [8] El abogado Leonel Sánchez señala que la definición de ambos conceptos es similar, basándose en estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y casos de otros países con órganos constituyentes similares[9] El académico de la Universidad de Talca, Mario Herrera, señala que no existen diferencias entre la Convención Constituyente y una Asamblea Constituyente, ya que en ambas sus miembros son elegidos por votación popular y su único objetivo es redactar una nueva Constitución Política[10].
Texto de la nueva Constitución de Chile
El 15 de noviembre de 2019, tras una serie de protestas populares en octubre de 2019, un acuerdo político entre partidos con representación parlamentaria convocó a un referéndum nacional sobre la propuesta de redactar una nueva Constitución y sobre el mecanismo para redactarla. Un plebiscito celebrado el 25 de octubre de 2020 aprobó redactar una nueva carta fundamental, así como elegir por votación popular a los delegados de una Convención Constitucional que debía cumplir este objetivo. Los miembros de la convención fueron elegidos en mayo de 2021 y se reunieron por primera vez el 4 de julio de 2021.
Según el profesor de derecho Camel Cazor Aliste, la Constitución de 1980 tiene problemas de legitimidad derivados de dos hechos. En primer lugar, la comisión constitucional no era representativa del espectro político de Chile: sus miembros habían sido elegidos a dedo por la dictadura de Pinochet, y los opositores al régimen habían sido deliberadamente excluidos. En segundo lugar, el gobierno aprobó la constitución en un controvertido y férreamente controlado referéndum en 1980[1]. La campaña para el referéndum fue irregular: el gobierno llamó a la gente a votar positivamente la reforma, y también utilizó anuncios en radio y televisión, mientras que la oposición, que instaba a la gente a votar negativamente, sólo pudo hacer pequeñas manifestaciones públicas, sin acceso a tiempo de televisión y con acceso limitado a la radio. No hubo censo electoral para esta votación, ya que el registro había sido quemado durante la dictadura. Hubo múltiples casos de doble voto, con al menos 3000 agentes del CNI haciéndolo[2].
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Elisa Loncon (delante a la izquierda), activista mapuche y ex presidenta de la Convención Constitucional chilena, asiste a la ceremonia de presentación del borrador de la nueva constitución al presidente chileno Gabriel Boric el 4 de julio.
La Constitución de 1980 contribuyó a que Chile fuera más favorable a las empresas privadas, pero durante mucho tiempo se le ha culpado de perpetuar la desigualdad en el país. En un discurso pronunciado en la ceremonia, el Vicepresidente de la Asamblea, Gaspar Domínguez, afirmó que el proceso democrático de redacción del nuevo documento -en el que sus autores fueron elegidos en unas elecciones nacionales- se basa en el entendimiento de que amar a la patria “significa amar y respetar a las personas que la componen”.
Los discursos pronunciados en el acto dieron el pistoletazo de salida oficial a dos meses de debate sobre si aprobar o rechazar la nueva Constitución propuesta en un referéndum el 4 de septiembre. Sin embargo, incluso antes de esta semana, algunos chilenos de alto nivel expresaron su opinión sobre el borrador. La ex presidenta de centro-izquierda Michelle Bachelet dijo en mayo que esperaba que se aprobara, mientras que los grupos de derecha -liderados por figuras como el candidato presidencial de 2021 José Antonio Kast, que perdió contra Boric en una segunda vuelta- llevan meses haciendo campaña para que se rechace, como los politólogos Jennifer M. Piscopo y Peter M. Siavelis comentaron en Foreign Policy en mayo.